USA: La ley migratoria de Carolina del Sur exime del chequeo de estatus a ciertos trabajadores

20 marzo, 2012

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Un vacío jurídico de la ley de inmigración SB20 en Carolina del Sur exime a trabajadores del campo, niñeras, pescadores y pastores del escrutinio migratorio lo que algunos líderes hispanos catalogan de “hipocresía”.

La legislación, que entró en vigor el pasado 1 de enero, obliga a todas las empresas que operan en el estado a utilizar el programa federal E-Verify para comprobar que todos sus nuevos empleados están autorizados para trabajar legalmente en el país.

De no hacerlo, corren el riesgo de ser multadas y hasta perder sus licencias de operación aunque tienen hasta el mes de julio para registrarse en el sistema. La decisión del Tribunal Supremo del año pasado que ratifica la legalidad del uso del programa federal cerró la puerta a que esa parte de la SB20 pudiera impugnarse.

Las previsiones más controvertidas, como la que permite a los agentes locales y estatales solicitar papeles a “sospechosos” de ser indocumentados, obligar a residentes a portar sus documentos, y convertir en delito el transportar a sin papeles, fueron suspendidas hasta el que máximo tribunal del país se pronuncie al respecto.

Según Frank Knapp, presidente de la Cámara de Comercio de Pequeños Negocios de Carolina del Sur, las excepciones del uso del E-Verify para ciertos trabajadores es “injusto” y crea un “doble estándar” entre las industrias.

“Esta parte de la ley ni siquiera está clara en el documento final. Las excepciones están en las definiciones y de allí hay que buscarlas en otra parte. Esto se mantuvo casi en secreto, con poca o ninguna discusión del público en general”, afirmó hoy a Efe Knapp.

“Si el propósito de los legisladores con la SB20 era alejar a los indocumentados del estado, esto hace lo contrario, porque muchos trabajadores no autorizados laboran en esas industrias”, añadió. El defensor de los pequeños negocios propone que el E-Verify sea ofrecido en las oficinas de la División de Vehículos Motorizados (DMV) y que todos cumplan con la disposición de la legislatura. “Ahora que se hizo público este aspecto de la ley, que incluso algunos legisladores no estaban al tanto, que ha sido una sorpresa, lucharemos para que se cambie”, enfatizó. Tammy Besherse, abogada del Centro de Justicia Leal Applesseed de Carolina del Sur, que siguió desde el inicio la propuesta de ley y atendió a todas las discusiones públicas, no recuerda haber escuchado antes sobre el tema.

“No sé si se mantuvo en secreto pero por nuestra parte, nos concentramos en las disposiciones que incitan al perfil racial, a la provisión que los agentes locales tuvieran poderes de inmigración”, apuntó a Efe Besherse.

Para otros defensores de los inmigrantes como Iván Segura, vicepresidente del Consejo de los Mexicanos en las Carolinas, excluir a ciertos trabajadores y obligar a otros a ser revisados es “absurdo”. “Es como decir que no queremos a los indocumentados en Carolina del Sur pero sí a los que recogen las frutas, vegetales y cuidan a nuestros niños. Esto es una completa hipocresía de los legisladores y de esta ley”, enfatizó el líder comunitario. Algunos legisladores y miembros de la industria de la agricultura argumentan que las excepciones fueron necesarias porque es “difícil” revisar papeles a los trabajadores del  campo.

“Estas particularidades fueron necesarias para pasar la ley. Algo que no es perfecto no significa que pueda cumplir su cometido”, declaró al periódico “The State” el senador Chip Campsen, republicano de Charleston, que apoyó la SB20. Los agricultores defienden su posición al resaltar que no hay suficiente mano de obra local para trabajar en los campos y que los migrantes son “esenciales” para la industria y utilizar el E-Verify sería “complicado”.

“Convertir en obligatorio la revisión de los papeles podría asustar a algunos campesinos, que trabajan por temporadas en nuestros campos y alejarlos del estado”, enfatizó al periódico David Winkles, presidente del Buró de Agricultura de Carolina del Sur, organización que abogó por las excepciones en la Asamblea estatal.

El Centro Hispano Pew calcula que de los 235.000 hispanos radicados en este estado, al menos 45.000 son indocumentados.

Fuente: laprensasa.com

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