España: La Abogacía denuncia que la mitad de los internamientos de inmigrantes en los CIE “no tienen fundamento legal”

18 abril, 2012

Imagen-Espana: La Abogacia denuncia que la mitad de los internamientos de inmigrantes en los CIE no tienen fundamento legal

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha denunciado que la mitad de las privaciones de libertad en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) no tiene “un fundamento legal”, ya que estas instalaciones sirven de paso previo a la expulsión del país y, al final, menos del 50% de las personas recluidas llegan a ser deportadas.

Así se desprende de un informe elaborado por la Comisión Jurídica del CGAE sobre el régimen vigente y las propuestas para un futuro marco normativo de los CIE presentado este martes por el presidente de la institución, Carlos Carnicer, y la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. El texto apunta que de 16.590 personas internadas en 2009, “sólo” 8.935 fueron expulsadas.

“Si tenemos en cuenta que sólo la mitad o un poco más de los internamientos, un 53 por ciento, se materializan al final en expulsiones, veremos que casi la mitad de las personas están siendo privadas de libertad sin causa, y eso es muy grave en un Estado de Derecho que reconoce la libertad como primer derecho fundamental”, ha explicado Carnicer.

La Defensora del Pueblo ha señalado que estas cifras “demuestran que no tiene sentido seguir con las identificaciones policiales de extranjeros en la vía pública” para la expulsión de personas en situación irregular, ya que “el porcentaje de expulsiones es bajo”.

Además, considera que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno deberían “revisar” los criterios de que se sirven para imponer la sanción de expulsión visto su resultado.

Para el presidente del CGAE, aunque “han cambiado muchas cosas” en la última década y “pese a la crisis, el Estado de Bienestar se ha mantenido”, en lo que “menos se ha avanzado” es en los Centros de Internamiento, donde “seres humanos de una forma absolutamente vital se adentran en una responsabilidad administrativa” que, en su opinión, “los poderes públicos sólo saben corregir con privación de libertad”.

En este sentido, el informe denuncia que la “arbitrariedad de la actuación administrativa y la falta de un real y eficaz control jurisdiccional” en estas instalaciones policiales “vulneran los derechos de las personas internadas” y reclama que se clarifique la finalidad y naturaleza de los CIE así como que se elabore un registro “riguroso y fiable” de quienes son privados de libertad en ellos.

El trabajo del CGAE apunta que la regulación actual de los CIE “no garantiza plenamente los derechos y libertades de los extranjeros sometidos a un proceso de expulsión, especialmente en lo que se refiere a la asistencia letrada” y critica, por “inadmisible”, que por falta de un estatuto jurídico de los extranjeros pendientes de expulsión, su situación sea “más restrictiva” que la de quienes están en la cárcel tras delinquir.

El informe denuncia que España no ha adaptado adecuadamente la normativa europea en materia de internamiento, que impone que esta medida se adopte “excepcionalmente” y sea revisada periódicamente por un juez, de modo que en cuanto el magistrado tenga constancia de que la expulsión ya no ha lugar o no puede ejecutarse, se ponga inmediatamente en libertad a la persona retenida.

CONTROL SOBRE EL INTERNAMIENTO

En concreto, una correcta aplicación de las directivas europeas haría que en España el juez ordenase el ingreso del inmigrante en el CIE por un máximo de diez días, al cabo de los cuales tendría que revisar su situación y decidir si prorrogar o no la estancia por otro plazo breve, y así sucesivamente hasta que el juez constate que ya no hay razones para el internamiento o se complete el tiempo máximo de retención.

Cava de Llano ha puesto el acento en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual el internamiento es la excepción y la norma debe ser la multa por sanción administrativa, y ha denunciado la “ausencia de criterios uniformes para solicitar el ingreso en el CIE”, lo que produce que en su interior convivan delincuentes con personas que sólo tienen la falta de no contar con permiso de residencia.

“En demasiadas ocasiones no se tiene en cuenta que existe una verdadera privación de libertad”, ha añadido Carnicer, quien ha apuntado que si bien el Tribunal Constitucional ha reconocido que “en determinadas circunstancias y con una ley que lo desarrolle el procedimiento administrativo también puede afectar a la libertad”, en España los plazos a su juicio, “son excesivos”.

Sobre este asunto, la Defensora ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual el internamiento es la excepción y la multa debe ser la norma, y ha recordado que conforme el Tribunal Constitucional, esta privación de libertad sólo es acorde con la Carta Magna si tiene “carácter excepcional” y está “sometida a control judicial”.

En esta línea, la Abogacía solicita una vuelta al máximo de 40 días de internamiento que fue ampliado a 60 durante la última legislatura del gobierno socialista, así como reclama que las actuaciones administrativas estén sometidas a un “exhaustivo control judicial que tutele los derechos de los internados” y se regulen los procedimientos para que puedan ejercer los mismos.

Fuente: lavanguardia.com

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