Sanidad derivará a los inmigrantes sin papeles a ONG

9 mayo, 2012

Image-Sanidad derivara a los inmigrantes sin papeles a ONGLa ministra, Ana Mato, afirma que así no quedarán sin cobertura. Las organizaciones denuncian el recorte en sus fondos, Cataluña garantiza la sanidad a los ‘sin papeles’ por “salud pública básica”.

Madrid aplica ya la exclusión sanitaria de los inmigrantes.

La respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular es la beneficencia. O, en lenguaje políticamente correcto, “convenios con ONG”. Esa es la solución que casi simultáneamente han planteado  hoy la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, al preguntarles qué iba a pasar con las personas que, después de los recortes sanitarios, quedaban fuera del  sistema.

“Van a seguir siendo atendidos”, ha insistido Mato en declaraciones a RNE. “La sanidad está garantizada porque somos titulares de ese derecho, el real decreto no cambia la legislación actual y, por tanto, la Ley  General de Sanidad [que habla de un derecho universal a la sanidad] sigue vigente al 100 por 100”, ha añadido. Eso “está previsto en el marco del desarrollo reglamentario. Todas las comunidades autónomas  tienen previsto hacer convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en atención primaria”, ha dicho.

Las manifestaciones de Mato coinciden casi completamente con las de Echániz. También en lo que no se aclara. Porque la atención a estos colectivos tiene algunos problemas para los que no se da respuesta.

Un caso claro podría ser el de los tratamientos contra el VIH, que solo se dispensan en España en centros hospitalarios. Ni los portavoces de Sanidad ni las fuentes del PP consultadas han podido explicar cómo se iba a solucionar este inconveniente. Actualmente, por ejemplo, los antivirales (que tienen un precio de venta al público de unos 8.000 euros al año en su combinación más sencilla) solo pueden adquirirse en  España en las farmacias hospitalarias.

Ni pagándolos -si se pudiera asumir su coste- se pueden conseguir en una farmacia. Y estos tratamientos deben tomarse durante toda la vida, y, además, la tendencia es darlos cada vez antes, no solo porque benefician al afectado, sino porque se ha demostrado que es la mejor manera de evitar la propagación del virus.

Pero esto no solo se aplica a estos medicamentos. Otros, como algunos tratamientos oncológicos, tienen la misma consideración, aunque no son para tomar de por vida, sino solo durante un periodo que puede  durar meses.

Para conseguir que los afectados siguieran recibiendo la medicación, habría que arbitrar un método para que las personas sin tarjeta pudieran acudir a la farmacia hospitalaria. Hasta ahora nunca se ha  conseguido. Por ejemplo, en Madrid, el Centro Sanitario de Sandoval, de titularidad municipal, no lo ha logrado. Aunque atiende a una población que entra de pleno en la categoría de excluidos, ya que no se pide ningún tipo de papel, y tiene el mayor registro de personas con VIH de España, una de sus limitaciones ha sido siempre que, cuando los pacientes empeoran y necesitan medicación, tienen que derivarlos a  hospitales públicos, ya que ni siquiera a ellos, especializados en enfermedades de transmisión sexual, les está permitido dispensar los antivirales.

Pero el anuncio de Mato tiene otra vertiente, que podría calificarse de irónica si no fuera dramática. Siempre siguiendo con la infección por VIH, que se puede tomar como ejemplo de lo que sucede en general y cuya relevancia hace que el propio ministerio tenga un Plan Nacional al respecto (lo que no sucede con ninguna otra patología), el anuncio llega justo el mismo día en que Seisida, la mayor organización  sociosanitaria de afectados por este virus, que agrupa tanto a personal sanitario como a ONG, ha denunciado los recortes que van a dejar sin seguimiento y atención (en campos que no incluyen la medicación) a  muchos afectados.

Esta idea se ha puesto de manifiesto gráficamente esta mañana, cuando más de 300 organizaciones han escenificado en siete ciudades la protesta por los recortes que han sufrido y por que, por ejemplo, todavía no haya un responsable del Plan Nacional sobre el Sida desde que llegó el nuevo Gobierno.

Fuente: sociedad.elpais.com

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