El estado de los derechos humanos en el mundo: Ecuador

24 mayo, 2012

Imagen-El estado de los derechos humanos en el mundo: Ecuador

Informe anual 2012, El estado de los derechos humanos en el mundo

Jefe del Estado y del gobierno Rafael Vicente Correa Delgado
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 14,7 millones
Esperanza de vida 75,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) 24,2 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 84,2 por ciento

Se presentaron cargos penales falsos contra dirigentes indígenas y comunitarios. Los responsables de violaciones de derechos humanos siguieron eludiendo la justicia.

Información general

Seis policías fueron declarados culpables en julio de delitos contra la seguridad del Estado tras las protestas policiales de septiembre de 2010 contra los recortes salariales. En mayo, el presidente Correa ganó por un estrecho margen un referéndum de 10 preguntas que incluía una propuesta de reformar el sistema judicial, así como otra para regular los medios de comunicación.

En febrero, un tribunal ecuatoriano impuso a la empresa petrolera Chevron una multa de 18.000 millones de dólares estadounidenses por la contaminación generalizada de la cuenca amazónica. La apelación de Chevron estaba pendiente al finalizar el año.

Derechos de los pueblos indígenas

En julio, Ecuador compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusado de no respetar el derecho de la comunidad indígena kichwa de Sarayaku a ser consultada y a dar su consentimiento libre, previo e informado antes de que, en 1996, se concedieran los permisos para la explotación de petróleo en sus tierras tradicionales. Al finalizar el año seguía pendiente la resolución de la Corte.

En octubre, el gobierno dictó un decreto que autorizaba al ejército a intervenir en la ciudad de Chone, provincia de Manabí, donde comunidades indígenas protestaban contra la construcción de una represa que podía provocar el desalojo forzoso de unas 1.700 familias. Al día siguiente, cientos de policías entraron en la zona y destruyeron con tractores las tierras de cultivo. Un hombre resultó herido. Las protestas se reanudaron finalmente y, tres días después, cuatro personas resultaron heridas durante las operaciones realizadas para dispersar a los manifestantes.

Se siguieron presentando cargos falsos de sabotaje, terrorismo, asesinato y obstrucción ilegal de vías contra dirigentes indígenas y miembros de otras comunidades por presuntos delitos cometidos en el contexto de las manifestaciones contra industrias extractivas.

En febrero fueron detenidos en Sucúa, provincia de Morona Santiago, los dirigentes indígenas José Acacho, Pedro Mashiant y Fidel Kaniras por cargos que incluían asesinato, sabotaje y terrorismo, en relación con las protestas de 2009 contra una ley nacional de aguas en las que murió una persona y resultaron heridas otras 40, agentes de policía entre ellas. Los tres hombres fueron puestos en libertad al cabo de siete días, pero al finalizar el año los cargos seguían pendientes, pese a la ausencia de pruebas.

En mayo se presentaron cargos de sabotaje y terrorismo contra los dirigentes comunitarios Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi, que habían participado en una protesta contra una propuesta estatal de ley de aguas en la provincia de Azuay. Los cargos se retiraron en agosto, pero se presentaron otros nuevos por obstrucción ilegal de vías, y Carlos Pérez fue condenado a ocho días de prisión.

Marco Guatemal, presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), y otros dos miembros de la comunidad indígena, fueron acusados de terrorismo y sabotaje, también después de participar en una protesta contra las leyes de aguas. Los cargos se retiraron posteriormente por falta de pruebas. Marco Guatemal fue detenido en octubre después de que se presentaran contra él nuevos cargos de obstrucción de vías, que fueron retirados en noviembre.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En julio, el defensor de los derechos humanos Marlon Lozano Yulán, miembro de Unión Tierra y Vida, organización que trabajaba con comunidades rurales sobre cuestiones de tierras, murió en Guayaquil por los disparos realizados por dos agresores no identificados que se desplazaban en una motocicleta. Antes de su asesinato había recibido amenazas. Al finalizar el año no se tenía constancia de ningún avance en la investigación sobre este ataque.

El 25 de noviembre, Mónica Chuji, dirigente indígena y ex ministra, fue condenada a un año de prisión y a una multa por difamación por criticar al gobierno en la prensa. Sin embargo, en respuesta a la indignación pública, el gobierno la indultó y el caso fue archivado, con lo que se eliminó la posibilidad de que la dirigente apelara contra la resolución judicial.

Impunidad

En su informe publicado en mayo, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales expresó su preocupación por la impunidad en casos de homicidios y abusos cometidos por la policía, por sicarios y por miembros de juntas rurales, así como por grupos armados ilegales y por el ejército en la zona fronteriza con Colombia.

En julio, 12 policías del desmantelado Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía Nacional, juzgados por la tortura en 2009 de Karina, Fabricio y Javier Pico Suárez y la desaparición forzada de Georgy Hernán Cedeño, fueron condenados a penas de entre 2 y 10 meses de prisión. Todos fueron puestos en libertad de inmediato por haber cumplido ya sus condenas.
En octubre, la Fiscalía General anunció la sustitución, por falta de avances, del equipo de fiscales que investigaba la desaparición forzada, ocurrida en 1988, de dos adolescentes colombianos, los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo.

Libertad de expresión

Las restricciones a la libertad de expresión incluyeron el uso de cargos de difamación penal contra periodistas que criticaban al gobierno o a autoridades locales.

En julio, un juez ordenó a tres directores y a un ex columnista del diario El Universo el pago de una indemnización de 40 millones de dólares estadounidenses al presidente Correa, y los condenó a tres años de prisión por difamación penal. El presidente Correa había denunciado a los cuatro periodistas en marzo, un mes después de que se publicara un artículo en el que se hacía referencia a él como un “dictador” y se insinuaba que podría ser enjuiciado penalmente por los disturbios de septiembre de 2010, cuando las fuerzas armadas lo rescataron de un hospital de Quito.

El presidente se había refugiado en el hospital huyendo de los policías que protestaban por las propuestas de recortes de salarios y prestaciones. La apelación contra la condena de los cuatro hombres estaba pendiente ante la Corte Nacional de Justicia al finalizar el año.

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