Equidad y salud: por la sanidad pública

8 octubre, 2012

noticiasdenavarra.com. EL RECONOCIMIENTO DE LA SALUD COMO DERECHO BÁSICO UNIVERSAL LLEVA APAREJADA LA OBLIGACIÓN DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES DE GARANTIZAR UN SERVICIO Y ATENCIÓN DE CALIDAD QUE EVITE CUALQUIER TIPO DE EXCLUSIÓN

EL debate en torno a la salud y los recortes que afectan directamente a todo el entramado sanitario se ha enmarañado tanto en los últimos meses y en frentes tan diferentes como la restricción de la tarjeta sanitaria para inmigrantes, los recortes en las urgencias rurales, las privatizaciones, la falta de personal… que quizá a veces sea conveniente volver a las ideas básicas sobre las que asentar cualquier demanda en lo referente a la salud de las personas. Y una básica pero imprescindible tiene que ver con algo tan sencillo y complejo a la vez como aceptar que con la salud no se negocia, porque es un derecho básico universal. Cualquier persona, al margen de su origen, procedencia, género, nivel económico o situación, sexo o condición tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones a una atención de calidad. La visión de la salud como derecho, y ésta es la otra cara de la moneda, lleva a aparejada la obligación por parte de la Administración a prestar ese servicio con calidad para que sea una realidad. Si no, se trataría de papel mojado. Y la manera más equitativa, justa, rentable y eficaz de garantizar este derecho básico universal es con un buen servicio público accesible a todas las personas.

Corresponde pues a la Administración poner las medidas para que no existan barreras económicas, geográficas, sociales… que quiebren la puesta en práctica de ese derecho. Ahí está el reto de la equidad en salud. Es obvio que el sistema público, y más en tiempos de crisis, debe ser objeto de una racionalización de recursos. Los responsables del departamento de Salud deben saber de gestión, pero sobre todo de salud. Cuando los profesionales sociosanitarios protestan por los recortes hay quien quiere reducir sus quejas a intereses laborales. Es cierto que los hay, y pueden ser discutibles, pero los recortes en funcionarios y en gasto público son recortes en la calidad y amplitud del servicio que afectan a toda la población.

Se traducen en cuestiones tan concretas como la falta de camas, los colapsos en urgencias, los retrasos en las listas de espera, demoras fatales en diagnósticos… Todo lo demás es distraer la atención o buscar beneficios económicos o partidistas. La salud, como la educación o la atención social, es un bien común, un bien público. Y los bienes públicos no se pueden privatizar ni ser objeto de negocio.

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