Valencia: Los impagos ponen la solidaridad al límite

16 octubre, 2012

ccaa.elpais.com. La deuda del Consell cierra centros y retrasa hasta nueve meses el cobro de las nóminas

Ernesto Guevara, que nada tiene que ver con el Che, es uno de los miles de afectados por los impagos y recortes del Consell a los colectivos y entidades que atienden a las personas más necesitadas y vulnerables. “El cierre de Alicante Acoge es una lástima porque esa área es fundamental: te enseñan, te ayudan, te encaminan, te buscan hasta trabajo”, explica este cubano.

Junto al colectivo de inmigrantes, los dependientes, los discapacitados (mentales, físicos o intelectuales), los menores y los ancianos están sufriendo en carne propia las deudas de la Generalitat que en concepto de ayudas arrastra en algunos casos desde hace dos años.

El monto total de esta deuda es difícil de calcular incluso para los propios afectados pero hay grupos, como los dependientes, que esperan dos mensualidades de 10,5 millones cada una o los discapacitados intelectuales, a los que se les deben 15 millones, o los 100 millones que estima la patronal privada de los centros y servicios asistenciales concertados. Deuda que está suponiendo un goteo de cierres, sobre todo en el colectivo de menores o de inmigrantes y que sitúa a otros muchos al borde del cierre abiertos solo gracias a la solidaridad de profesionales y familiares. Los afectados por cierres son recolocados de momento, pero el sistema se arriesga a desbordarse debido, además, a la creciente necesidad en plena recesión.

La otra cara cruel de esta pertinaz demora del Gobierno de Alberto Fabra a la hora de cumplir sus compromisos con estos colectivos son los trabajadores de las entidades, sin ánimo de lucro, que prestan ayuda a estas personas, y que en muchos casos llevan trabajando sin cobrar como mínimo seis meses y algunos hasta nueve meses. “No podemos dejar a los usuarios en la estacada”, asegura Rodrigo Salvador, monitor ocupacional del centro Francisco Esteve de Paterna, que lleva sin cobrar su nómina desde junio.

Dependientes. Las personas dependientes son, sin duda, el colectivo que antes y con mayor intensidad ha sufrido en carne propia el pertinaz retraso de la Generalitat en el pago de las ayudas, y en este caso su constante boicoteo a aplicar en la Comunidad Valenciana la Ley de Dependencia.

Este viernes las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia denunciaron el “incumplimiento de la palabra del consejero de Justicia” por el impago de las prestaciones económicas de cuidados familiares correspondientes a los meses de agosto y septiembre pasado. Según el colectivo el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, les informó de que la prestación económica a los familiares “no será posible hacerla efectiva” tal y como se comprometió Jorge Cabré. Martínez admitió que hasta que no llegue el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) no tendrán liquidez para pagar.

Según datos facilitados por Miguel Martorell, portavoz de la Plataforma de Ley de Dependencia en Alicante y comarcas, el número de dependientes valencianos con derecho a prestaciones es de 67.021, aunque sólo las perciben 43.800, de los cuales 27.860 tiene ayuda económica para pagar el cuidador o contratar el servicio con una empresa. Todos los beneficiarios son de la categoría de grandes o severos dependientes, “los moderados, al ritmo que vamos y los continuos retrasos, quizás nunca podrán beneficiarse”, precisa.

El Consell tiene pendiente el pago de las ayudas de agosto y septiembre, unos 10,5 millones por mensualidad. Y a los impagos se suma la estrategia de la Generalitat de forzar a los cuidadores (unos 16.191) a pagarse la seguridad social.

Martorell, sobre la base de la estadística del Imserso, asegura las peticiones de prestaciones han caído en un año en 11.500, “básicamente por la táctica del Consell a no dar información”. Y el número de prestaciones para cuidadores se ha reducido en un millar.

Según Martorell, la falta de información y la caída en las solicitudes de grandes y severos dependientes, básicamente personas mayores, ha conllevado una reducción de usuarios en las residencias privadas concertadas, que no cubren las plazas por fallecimiento. El Consell acumula retrasos en el pago a estas residencias, con algunos grupos la deuda ronda los ocho millones.

Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia también denunciaron ayer el “ataque permanente que sufren las cuidadoras y cuidadores familiares” ya que se les ha recortado un 15% sus prestaciones y se les fuerza a salir del sistema de protección de la Seguridad Social.

Menores. En la Comunidad Valenciana hay alrededor de 160 entre pisos tutelados, centros de acogida, centros de día, servicios de adopción, acogimiento familiar, etc. Hay centros públicos con gestión privada y centros privados concertados. Las entidades concertadas recibieron en mayo el 60% de las ayudas de 2012, menos algunas que cobraron en octubre, pero ya deberían haber recibido el 40% restante. A la mayoría de las públicas se les debe desde 2011.

CC OO estima que en este sector se han perdido al menos 60 empleos. Toni Jiménez, responsable del área de menores de la federación de enseñanza de CC OO-PV se pregunta cómo se está atendiendo a los nuevos menores con necesidades. También alerta del impacto del recorte de personal en la calidad de la atención que se presta.

Los impagos han supuesto cierres. La Asociación Valenciana de Ayuda al Refugiado cerró cuatro pisos que tenía en Valencia y en Ontinyent, donde trabajaban 23 personas. La consejería redistribuyó a los menores en otros centros. También cerraron, a finales de septiembre, los dos centros de acogida de menores que la Asociación Nuevo Futuro-Valencia tenía concertados con la Generalitat. Tenía nueve trabajadores. Esta asociación cerró en marzo otro centro de menores con tres trabajadores y poco antes hizo lo propio con un piso para mujeres en riesgo de exclusión social por violencia familia, con 14 mujeres con niños y seis trabajadores. Y la fundación Diagrama cerró también un centro para menores extranjeros no acompañados (los que llegan en patera). Tenían siete trabajadores y 12 menores.

Inmigrantes. Guevara llegó con su esposa y su hija de 14 años de Cuba el 18 de febrero de este año: “La única asociación que nos atendió fue Alicante Acoge”. Le ofrecieron un piso tutelado, compartido con una mujer nigeriana y su hija de tres años, les ayudaron con comida, con algún dinero de bolsillo, y les facilitaron siete cursos. A su hija le buscaron un colegio. Ernesto no tiene más que palabras de agradecimiento. Los responsables del centro llegaron a darles incluso dinero de su bolsillo. Cuando Alicante Acoge cerró, Ernesto y su familia tuvieron que dejar el piso tutelado, pero la organización les ayudó a que la transición fuera suave. “No podíamos pedir más. No tengo palabras de lo que nos ayudaron”.

Ahora viven en un piso alquilado. Ernesto hace chapuzas porque aquí sus títulos no valen. Y su esposa logró, gracias a Alicante Acoge, un empleo cuidando tres niños en una casa. “No tenemos cómo pagar esa deuda tan grande”, remarca. “Nos ha dolido mucho la pérdida de esos trabajadores”, agrega. “Es una lástima porque esa área es fundamental: te enseñan, te ayudan, te encaminan, te buscan hasta trabajo”.

Alicante Acoge cerró a finales de junio tras 21 años de actividad. La Generalitat le debía 100.000 euros 2012 y de más de la mitad de 2011. El año pasado atendió a 4.000 inmigrantes de las cuales 1.305 fueron beneficiarias del servicio de acogida. Dejó sin trabajo a seis trabajadores que quedaban y cerró dos pisos que tenía. Los ocho inmigrantes fueron realojados en centros del Ayuntamiento de Alicante. Cerró, remarca su expresidente, Enrique Pérez Martínez, “cuanto más falta hacía”.

Otros colectivos de la red Acoge aguantan pero cada vez con más dificultades. Ocurre así con Orihuela Acoge. También con Elche Acoge, al que el Consell debe 92.973 euros de 2011. “No es que no hayan pagado sino que no nos dan ningún tipo de información”. De este año tienen concedidos 22.000 euros pero sin pagar. Los ocho trabajadores que quedan de una plantilla que el año pasado era de 18 personas no cobran desde febrero. Y además, remarcan, “tenemos más usuarios que nunca” porque hasta ellos llegan ahora inmigrantes que estaban normalizados pero se han quedado sin trabajo y como consecuencia sin papeles. “Estamos desbordados”, resumen.

Discapacitados intelectuales. Dentro de este colectivo los que más penurias están pasando son los trabajadores, que acumulan retrasos en el pago de sus nóminas en algunos casos de hasta siete meses. Según Ángel Bonafé, de la Mesa de Discapacitados Intelectuales, sólo la Consejería de Bienestar Social les debe 15 millones de euros. “La situación es insostenible, seguimos prestando los servicios gracias al esfuerzo de los trabajadores y solidaridad de las familias”, asevera. En la Comunidad Valenciana hay un centenar de asociaciones de ayuda a este tipo de personas (entre 15.000 y 200.000). El número de trabajadores ronda los 2.000 empleados.

Rodrigo Salvador, de 38 años, trabaja como monitor ocupacional en el centro de ocupacional para discapacitados intelectuales Francisco Esteve de Paterna, y desde el pasado mes de junio no cobra la nómina (en total unos 5.000 euros). El monitor, que atiende a un grupo de nueve discapacitados del centro, resiste enganchado a la llama de la solidaridad. “Está claro que el centro no nos paga porque, a su vez, el Consell no le abona las cantidades pendientes”, comenta.

“Estamos todos, trabajadores, familias en el mismo barco, y, además, somos una entidad sin ánimo de lucro. No podemos dejar a los usuarios en la estacada. Para muchos el centro es más que su casa”, explica más adelante. Salvador señala sobrelleva este retraso en el cobro de la nomina a base de austeridad y con el apoyo de la familia. “Lo primero que hice fue pasar un verano más austero, y cuando estoy más apurado recurro a la familia”, asevera.

Discapacitados físicos. Las entidades de ayuda a las personas con discapacidad física, grupo más voluminoso de la Comunidad Valenciana (unos 400.000 ciudadanos sufren algún tipo de discapacidad física) estiman en unos 3 millones la deuda global del sector, según fuentes de Cocemfe CV (Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana).

Las 90 entidades integradas en Cocemfe atienden a unas 18.000 personas y cuenta con unos 350 trabajadores. Igualmente estos empleados son los primeros afectados por los impagos. Acumulan retrasos mínimos en el cobro de las nóminas de tres meses. “La situación es grave. Algunos centros están al borde del cierre y también está en riegos la prestación de los servicios”, asegura Javier Segura, vicepresidente de la entidad en Alicante. “Tenemos que expresar nuestro agradecimiento a los trabajadores que siguen colaborando a pensar del retraso del pago de sus nóminas”, añade Carlos Laguna, presidente de la entidad.

Enfermos mentales. El colectivo de enfermos mentales reclama al Consell una deuda de 2 millones de euros. Al igual que el resto de asociaciones que atienden a discapacitados, los más perjudicados son los trabajadores de las 27 entidades que hay en la Comunidad Valenciana, según datos facilitados por Alfonso Rodríguez, presidente de Afema, que atienden a unas 6.000 personas con este tipo de enfermedad.

Estas asociaciones cuentan con unos 600 trabajadores, con un retraso mínimo en el cobro de las nóminas de al menos tres meses.

Los impagos del Consell se llevaron por delante a uno de los centros más destacados en Alicante, el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) de Alcoi, que atendía a 50 personas y contaba con ocho trabajadores.

Tercera edad. La patronal que aglutina al grueso de las empresas privadas de centros y servicios asistenciales, con más de 200 centros, Aerte, estima la deuda del Consell en 100 millones de euros. Aseguran que no han tenido que cerrar ningún centro. “Solventamos la situación con préstamos cuyos intereses ahogan aún más al sector. Es una situación que puede agudizarse más aún con el anuncio de nuevos recortes para atender a los grandes dependientes cuya aplicación puede provocar, sin duda, una falta de atención al colectivo y también nuevos despidos de personal”, explica la Gerente de Aerte, María José Mira.

Los impagos también están suponiendo retrasos en los pagos de las nóminas. Temen, sin embargo, que el retraso en el pago a proveedores puede suponer que algún centro quede desabastecido. “No se ha dejado de atender a nadie pues se trata de personas dependientes a las que no se puede dejar sin asistencia”, asegura.

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