Medicos del Mundo denuncia el caos existente tres meses despues de la entrada en vigor de la reforma sanitaria en Espana

29 noviembre, 2012

Espana: Medicos del mundo

La organización presenta un mapa de la aplicación del Real Decreto en las distintas comunidades autónomas. Los tres colores del semáforo clarifican la respuesta de las autonomías a la hora de aplicar la reforma sanitaria.

Rojo, amarillo y verde. Así, con los colores de un semáforo, ha calificado Médicos del Mundo el estado de implantación de la reforma sanitaria en cada una de las comunidades autónomas. Una implantación que ha sido muy heterogénea territorialmente hablando, ya que mientras algunos gobiernos autonómicos empezaron a rechazar a personas migrantes en sus sistemas sanitarios ya desde mayo de 2012 –es decir, cuatro meses antes de la entrada en vigor de la norma-, otros han combatido la legislación discriminatoria incluso en los tribunales.

El documento otorga el color rojo a las regiones que aplican a rajatabla el Real Decreto Ley 16/2012 que excluye a las personas inmigrantes no regularizadas del sistema público de salud y únicamente aseguran formalmente la atención de emergencia, a menores y embarazadas. Algunas de estas regiones incluso han ido más allá de lo que marca el RDL en materia de vulneración de derechos. Por ejemplo, otorgando al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o lo que no es urgencia.

El amarillo va destinado a las comunidades que aplican la norma pero que han articulado un procedimiento de atención a las personas excluidas más allá de los mínimos establecidos. El verde se otorga a los ejecutivos autónomos que rechazan la aplicación del RDL, -llegando algunos a ejercer acciones legales contra el mismo- y en la práctica, han dispuesto las herramientas necesarias para asegurar la asistencia a este colectivo en todas las circunstancias.

Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid son las comunidades en las que más casos y de más gravedad se han recogido. Los ejemplos recopilados van desde el enfermo crónico al que se reclama el pago por diálisis hasta situaciones de falta de tratamiento post-quirúrgico, pasando por la denegación de atención a una mujer con un embarazo de alto riesgo.

Es importante destacar que se han registrado casos de denegación de atención sanitaria en todas las comunidades, incluso en las calificadas como de color verde, aunque habitualmente en ellas la disposición a solucionarlos es favorable.

El mapa documenta lo que está ocurriendo en cada comunidad autónoma, tanto desde el punto de vista del posicionamiento político como en la práctica diaria. Todos los datos quedarán incluidos en la web www.derechoacurar.org

Confusión entre personal sanitario y pacientes

Cuando se cumplen tres meses de la entrada en vigor del RD, lo que queda demostrado es que existe un desconcierto generalizado en su aplicación, tanto entre el personal sanitario y administrativo de los sistemas públicos de salud como entre los usuarios potencialmente afectados. Derivación a pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona afectada tenía derecho a ella, negación de atención a embarazadas y menores… La casuística documentada por Médicos del Mundo a través de su presencia en 12 comunidades autónomas es muy diversa y refleja perfectamente el caos en la aplicación de este nuevo modelo sanitario.

Además, la vaguedad del RD fomenta la informalidad en su desarrollo y genera  desigualdad tanto entre distintas comunidades autónomas cómo entre los diferentes centros sanitarios dentro de las mismas.

A toda esta situación de heterogeneidad se une la diversidad de las diferentes autonomías a la hora de formalizar la aplicación práctica del RDL. De hecho, sólo 6 comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia) han aprobado algún documento con ese fin (circular informativa, instrucción, comunicado o carta a los profesionales sanitarios).

Los contenidos que abordan estos documentos son también variopintos: mientras que unos se caracterizan por detallar procedimientos administrativos muy complejos, otros solo contemplan afirmaciones vagas. Por otra parte, la mayoría de estas regulaciones tienen carácter provisional, a la espera de ulteriores desarrollos normativos.

El papel de Médicos del Mundo

Aparte del posicionamiento de Médicos del Mundo en contra del RD y de la tarea de incidencia política posterior a su entrada en vigor, tanto el personal contratado como el voluntariado de la organización ha ejercido en los últimos meses una labor de asesoramiento, acompañamiento, mediación y denuncia ante la Administración en todos los casos de vulneración del derecho a la salud que la organización ha ido conociendo.

En muchas ocasiones, la intervención de Médicos del Mundo, así como de otras entidades que comparten la misma oposición frente a la reforma sanitaria, han sido exitosas y han marcado la diferencia entre la desatención y la atención sanitaria para decenas de personas.

De todas formas, hay que tener en cuenta que los casos a los que han tenido acceso las entidades que trabajamos en este ámbito no suponen el total de los casos existentes, puesto que muchos de ellos se retraen de pedir ayuda por desconfianza, miedo o desconocimiento de sus derechos, lo que hace imposible determinar el alcance real de la vulneración del derecho a la salud que se está produciendo en nuestro país.

Si bien gran parte de las derivaciones de estos casos se han resuelto positivamente, las personas que consiguen ser atendidas no tienen cubierta la medicación que precisan, por lo que dado el elevado coste -especialmente de los tratamientos para enfermedades crónicas- y la ausencia de recursos económicos por parte de este colectivo existe un riesgo real de falta de seguimiento de los tratamientos prescritos.

Una cuestión de derechos

Desde que el gobierno central anunció su intención de modificar la prestación de la asistencia sanitaria, Médicos del Mundo ha venido denunciando que el Real Decreto 16/2012 colisiona con la Constitución y con los Estatutos de Autonomía de algunas Comunidades. Además, supone una vulneración del derecho humano a la salud y de su reflejo en instrumentos internacionales suscritos por España, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y una falta de seguimiento de las recomendaciones de la OMS.

Fuente: medicosdelmundo.org

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