Espana: Las mazmorras de la democracia

25 marzo, 2013

Imagen-Espana: Las mazmorras de la democracia

Las organizaciones sociales que forman parte de la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) suelen referirse a estos como “agujeros negros” del estado de derecho.

Como “pequeños Guantánamo” o “Cárceles para pobres”. Las mazmorras de la democracia. Y hay datos que avalan estas afirmaciones. 26 internos del CIE de Zapadores (Valencia) aseguran haber recibido malos tratos por parte de la policía, según el Informe de la Campaña por el cierre de los CIE correspondiente a 2012, que se presentó ayer en Valencia.

El estudio detalla los resultados de las visitas del grupo de acompañamiento de la Campaña a 332 personas, aunque para el análisis de los datos se ha tenido en cuenta la situación de 146. A la luz de este informe, más de la mitad de las personas detenidas lo fueron en Valencia capital u otras poblaciones del País Valenciano; y a más de un tercio (35%) se las detuvo en la calle, transporte público o estación, comisaría de policía o institución pública donde estuvieran realizando en ese momento trámites administrativos.

Según Ana Fornés, portavoz de la Campaña por el cierre de los CIE, el trabajo de acompañamiento “nos ha permitido conocer las difíciles condiciones de vida en el CIE y la repetida vulneración de derechos que en estos centros existe de manera cotidiana; nos ha permitido además constatar la opacidad en materia de información pública y la impunidad que sobrevuela los centros; y sentir las situaciones de indefensión y extrema vulnerabilidad de las personas que sufren internamiento”.

De hecho, una de las principales denuncias de las personas internas hace referencia al daño moral que se padece dentro de los CIE, en concreto, al “quiebre de esquemas culturales y sociales”, “sentirse humillado y denigrado” o a padecer situaciones de aislamiento. En el día a día, los inmigrantes detenidos afirman asimismo que el hecho de no hablar o no entender el castellano supone un factor de vulnerabilidad.

El informe dedica un capítulo específico a la precariedad de los servicios que se prestan en el interior del CIE. O de los que directamente se carece. Por ejemplo, en el centro de Zapadores –asegura el estudio de la Campaña- no existe servicio de asistencia social aún siendo de carácter obligatorio según la Ley de Extranjería. Además, “existe un amplio horario sin atención médica (que presta una empresa privada contratada por el Ministerio del Interior) y en caso de urgencia, es el personal de enfermería o los agentes de policía quienes deben valorar las situaciones para contactar con los servicios médicos externos”, relata el informe. Asimismo, la atención se presta sin intérprete, lo que dificulta la comunicación entre los inmigrantes recién llegados y los profesionales sanitarios. Se constatan también numerosas quejas por medicamentos que se toman sin conocer su función.

No es mejor la atención jurídica que se proporciona a los internos del CIE de Zapadores, pese a que todos ellos tienen asignado un abogado de oficio. De hecho, la mayoría de los inmigrantes preguntados dicen no tener contacto con su abogado y que son muchas las dificultades para comunicarse con éstos. También detalla el informe la penosa vida cotidiana que se vive en el CIE. La comida (suministrada por un catering externo) es un motivo constante de quejas, por su insuficiencia, mal estado y deficiente elaboración. A las personas internas no se les deja tampoco ir al baño por la noche, por lo que tienen que orinar en el lavabo de la celda o incluso en botellas, detalla el estudio de la Campaña.

Pese a que las actividades culturales y de ocio son obligatorias, según la Ley de Extranjería, el CIE de Zapadores únicamente cuenta con televisión, algunos juegos de mesa y un balón, “cuya disponibilidad depende del voluntarismo de los agentes de policía”. En cuanto a la comunicación con el exterior, se denuncia “la arbitrariedad a la que se ven sujetos familiares y amistades en las visitas, ya que se han detectado irregularidades como el incumplimiento de los horarios”. Asimismo, “hay muchas personas internas que o bien no tienen la posibilidad de recibir visitas o la tienen tan reducida que es prácticamente inexistente”, relata el informe. Al teléfono móvil sólo pueden acceder bajo vigilancia policial o para recuperar números de la agenda. Pero el internamiento también genera impactos sobre la salud física y mental: dolores de estómago, de cabeza, problemas dermatológicos, insomnio, estrés y angustia por las condiciones de encierro y la posibilidad de expulsión.

En el epígrafe de traslados y expulsiones se repiten las arbitrariedades. La mayoría de los traslados se dan con las manos esposadas, sean al juzgado, a un centro médico u hospital, o durante el proceso de expulsión. Pese a los avances que en 2012 se han producido por dos autos de juzgados de Instrucción de Madrid y Valencia, en los traslados no se informa con antelación, lo que impide despedirse de familiares, recoger objetos personales, realizar gestiones sobre trabajo o vivienda, o avisar de la llegada al país de origen. Según la Campaña por el Cierre de los CIE, las expulsiones “se realizan siempre con fuertes medidas policiales”. De hecho, algunos internos han denunciado la inmovilización y el uso de mordazas en los procesos de deportación. Se han dado, además, varios casos de personas que han llegado a autolesionarse, así como situaciones de malos tratos.

La abogada de la Comisión Jurídica de la Campaña, Esther Izquierdo, ha criticado “el entramado gubernamental, policial y judicial (incluidos los fiscales) que concluye en la imposibilidad de investigar los casos de maltrato; a las personas que pretenden denunciar se les expulsa rápidamente. De este modo se impide cualquier investigación por parte de los jueces y la tutela judicial efectiva queda en nada; Esto provoca que, en muchas ocasiones, los internos reconsideren la posibilidad de denunciar. También se han dado casos de represalias policiales en el interior del CIE por el mero hecho de hablar con los abogados”.

En resumen, explica Izquierdo, se trata de un modo de proceder “que conduce a la impunidad de los presuntos culpables y a la opacidad en el interior de los CIE, pero también en los procesos de expulsión”. Toda una batalla contra los elementos. Porque, señala la abogada, “tenemos también dificultades para redactar las denuncias, al no llevar los policías placas de identificación”. Y eso que, “en los Centros de Internamiento para Extranjeros hay puntos oscuros donde no llegan las cámaras de vigilancia”. En el exterior la situación tampoco es muy diferente. “En el tren Valencia-Castellón entra la policía todas las semanas y realiza identificaciones según la fisonomía de las personas; además, se continúan realizando detenciones en la calle en razón del perfil étnico”, asevera la abogada de la Campaña.

En la rueda de prensa celebrada para la presentación del informe, ha intervenido Mohamed (nombre supuesto de un inmigrante en proceso de regularización, que ingresó en noviembre de 2012 en el CIE de Zapadores). Sus quejas durante la estancia en el CIE (50 días) confirman las de otros internos: mala comida, precariedad en la atención sanitaria, dificultades con el idioma, baños muy sucios y noches muy frías sin agua caliente en las duchas. “Si no hay alguien que te visite y te traiga algo, te quedas sin nada. Ni siquiera un cepillo de dientes”, explica. Una noche, recuerda, “oí a un compañero que se quejaba y gritaba por los golpes de la policía”.

El CIE de Zapadores también cuenta con sus “clásicos” de la ignominia. Noura, ciudadana marroquí residente en Orihuela, fue identificada en la calle por la policía en julio de 2010. Al carecer de permiso de residencia, pasó una noche en los calabozos, donde aseguró que un agente abusó sexualmente de ella. Nora acabó con sus huesos en el CIE de Valencia (40 días). Pero lo más grave del caso es que la denuncia por abusos sexuales no paralizó el proceso de expulsión, lo que hizo imposible la investigación y el juicio por los hechos. El 1 de junio fue expulsado el ciudadano nigeriano Austin Johnson. Denunció un “trato brutal” (múltiples hematomas en la cara y contusiones en el pecho, entre otros efectos de los golpes) por parte de los policías que le custodiaron y llevaron a término su expulsión. El pasado febrero, el juzgado de Instrucción nº48 de Madrid atribuyó en un auto las lesiones a “la propia actitud de Austin”, por lo que decidió el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Otro caso sonado lo protagonizaron cuatro menores argelinos que, en abril de 2012, tras llegar en patera a las costas andaluzas, fueron detenidos e ingresados en el CIE de Zapadores. Denunciaron que un agente irrumpió de noche en su celda y les golpeó repetidamente con la porra hasta provocarles contusiones en la cara, cuello, torso y brazos. El informe de la Campaña incluye 38 páginas de testimonios sobre las angustias, vejaciones y penalidades que diariamente se viven en el CIE. Voces invisibilizadas. Enric Llopis

Fuente: rebelion.org

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