Peru: La hoja de coca entrevista al Dr. Alexi Avilez Gutierrez

24 junio, 2013

Imagen-Peru: La hoja de coca entrevista al Dr. Alexi Avilez Gutierrez

Autor:  Dr. Carlos Jara Cuevas

En esta oportunidad desde las páginas de Migrante Latino presentamos esta entrevista a nuestros lectores para toda la red internacional.

La experiencia y conocimiento de los pueblos de la Selva peruana por parte del Dr. Alexi  Avilez Gutiérrez actualmente dedicado a su profesión de abogado y comprometido con las diversas problemáticas de los campesinos de esta zona del Perú;  destaca por su labor como abogado y activista defensor de los Derechos Humanos al abordar la situación de  la problemática de la Hoja de coca y las organizaciones de cocaleros en la Amazonía peruana, no vamos  a tratar  solamente contextos históricos sino  además de una coyuntura cuyo escenario viene de la mano de las acciones  del actual gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso.

Esta entrevista nos ubica en un momento importante para el Perú porque  haciéndose eco del convenio 169 de la OIT, el asunto de la consulta de los pueblos se ha convertido en una agenda pendiente del gobierno, contando con  una economía en crecimiento como muestran los indicadores de un 6.5% en este último trimestre considerando además  los efectos de la crisis que vive la economía mundial en donde todo esto constituye un importante escenario para las inversiones extranjeras, la seguridad jurídica y económica que brinda el Perú para una mayor integración del Estado peruano con los pueblos del Perú.

La hoja de coca es motivo de debate en el Congreso de la república  y en todas las instituciones del Estado peruano, asimismo en el propio movimiento social de los campesinos cocaleros de estas zonas selváticas entre las que destaca el VRAEM. En la etapa más reciente de fines del siglo  XX  el Perú ha sido escenario de un proceso de violencia política y militar interna debido al desborde de los movimientos armados de Sendero Luminoso que llegaron a poner en jaque a la región pero que finalmente fueron derrotados por las fuerzas armadas mediante la aplicación de un plan contrainsurgente con el apoyo de las autodefensas civiles, esto además genero otro problema gravitante de la violencia política y militar que afecto a la población y a los Derechos Humanos, otro elemento que a ello se sumó fue la aparición del problema del VRAEM y la consecuente aparición del problema de la siembra de la hoja de coca generando en este sector social campesino el problema mayor del narcotráfico y las alternativas de sustitución de productos agrícolas sustitutorios  a la siembra de la hoja de coca, conflicto social que hasta el día de hoy sigue vigente y en el que se incluye además la continuidad de la violencia social y armada de los resabios del senderismo que ha convertido a esta zona en uno de los epicentros de los conflictos sociales que siguen latentes y a la espera de una solución desde una política de Estado.

Hace unos años llegando de Madrid tuvimos ocasión de reencontrarnos visitándolo en su casa de Barranco al Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino y en la dilatada conversación sobre algunos temas del Perú nos dejo una copia de una entrevista que le hicieron sobre la hoja de coca y ahí explicaba la trayectoria de personajes implicados en la investigación y estudios sobre esta materia así nos hizo referencia de los estudios de Manuel Atanacio Fuentes quien estando realizando sus estudios del doctorado en París presento su tesis sobre las propiedades medicinales y terapéuticas de la hoja de Coca escrito en francés ahí presenta un estudio quizás el más avanzado para su tiempo de finales del s. XIX sobre la importancia de esta planta para la salud humana y la utilidad que esta ha tenido a lo largo de la historia precolombina y posteriormente virreinal y republicana en la sociedad y cultura del Perú.

Con el paso de los años por esas casualidades de la perspicacia de buscar información sobre plantas medicinales de América Latina esta tesis fue encontrada en la biblioteca de París en la década de los 30 por la Dra. Ana Aslam de nacionalidad Rumana que interesada por esta información le puso mucho ojo para sus proyectos de investigación en medicina preventiva y para enfermedades desconocidas de su época y quedó prendada del interés científico por conocer directamente los lugares donde se producía la hoja de coca llegando al Perú a finales de los años 30 y comenzar su larga travesía por dedicar sus estudios de investigación y experimentación de las propiedades medicinales de la hoja de coca y de las terapias que ella podía generarse para el tratamiento de sus pacientes en Rumania, así se convirtió en la importadora de este producto del Perú para llevárselo a su país, con el paso del tiempo instalo su clínica y su laboratorio de investigación en Bucarest encontrando una serie de productos innovadores para el tratamiento de enfermedades desconocidas y del cáncer.

Cuando se da el proceso de la creación del campo socialista  después de la segunda guerra mundial Rumania se convierte en un Estado socialista y encontrando dificultades para continuar con su trabajo y su atención facultativa se tuvo que exiliar hacia Europa llegando a instalarse en Andorra dejando ahí el legado de sus trabajos y de la atención facultativa que a partir de la hoja de coca encontró respuestas contundentes para el tratamiento y mejora de la salud humana.

Este comentario del Dr. Ugarte del Pino nos ubica también en la contraposición con el fenómeno social que en el trabajo de los campesinos se viene dando con la siembra de la hoja de coca generándose  problemas vinculados a  hechos y prácticas de comercialización y producción de derivados vinculados al mundo del comercio del narcotráfico razón por la cual en el Perú se ha producido muchas controversias de índole jurídico, político y social que han llevado a varios parlamentarios peruanos de diversas tiendas políticas a presentar proyectos de ley a lo largo de varias legislaturas con la finalidad de dar respuesta a esta situación quedando casi todos archivados y constreñidos a la problemática represivo-policial del narcotráfico sin abordar la cuestión de los campesinos vinculados a la siembra de la hoja de coca  como un problema de Estado materia que es motivo de esta entrevista.

Y otro motivo mayor es su visita a Madrid para participar como ponente ante el “Congreso de Derechos Civiles y Libertades Fundamentales”, para el 1 y 5 de agosto de 2013 en Madrid organizado por la Fundación Vida-Grupo Ecológico Verde dirigido por el Ing.Luis Alberto Alarcón V..

C.J.C.-: Cual es el contexto de la política del gobierno del Presidente Ollanta Humala con el problema de la Hoja de Coca en el Perú.

A.A.G.: El problema de la hoja de coca no solo debe, sino tiene que tratarse como un problema de Estado porque en ella está inmersa definitivamente la implicancia del Estado vinculado al problema de la propiedad de la tierra de los campesinos y a la elaboración de un proyecto de desarrollo dentro de aquellos lugares como es el caso del VRAEM el lugar mas conflictivo de los campesinos cultivadores de la hoja de coca ubicado en la región de Ayacucho.

El Presidente Ollanta Humala desde que comenzó a gobernar a partir de establecer un compromiso político mediante un pacto con otras fuerzas políticas que le dieron el apoyo para poder ganar las elecciones en segunda vuelta se llegaron a consensuar en la denominada “hoja de ruta” precisamente, este concierto ha modificado muchas de las propuestas programáticas promovidas desde el año 2006 y en esta última campaña electoral al que denominaron “el programa de la gran transformación” donde se promovía claramente establecer mediante la instalación de una asamblea constituyente la elaboración de una nueva Constitución política del Perú para establecer un Estado social de derecho donde el Estado recupere su capacidad de Estado estadista para implicarse en el desarrollo planificado del país y dentro de ello estaba también el nuevo rumbo que debería tomar el desarrollo agrario en el Perú. Como esta propuesta no se ha llevado a cabo el campesinado vinculado a la siembra de la hoja de coca no tiene otra alternativa que continuar con su misma actividad al no tener ninguna otra oportunidad para su desarrollo alternativo agroexportador extendiéndose además la presencia de nuevos campesinos que van ocupando tierras de forma ilegal para continuar con esta actividad que no es otra cosa que una alternativa laboral a su condición de trabajadores que en la mayor parte de los casos carecen de formación medianamente educativa y tecnológica para ocuparse en otros rubros laborales y como el desarrollo del país tampoco está estructurado en un marco diferente al modelo primario exportador no existe oportunidades formativas tecnológicas y sobretodo laborales para que toda esa mano de obra pueda ser asimilada a un mercado laboral productivo.

Otro aspecto que encontramos en este proceso es que la situación del campesinado cocalero no está comprendido como parte del convenido 169 de la OIT porque este convenio solo reconoce a comunidades indígenas en su gran parte antropológicamente denominadas aborígenes producto de una clasificación antropológica eurocéntrica y norteamericana cuyos fines han generado un fraccionamiento premeditado de reconocimiento a segmentos y comunidades relativamente minoritarios y consideradas marginales, y esto se debe a que estas legislaciones generadas a la luz de un concepto social y cultural discriminatorio no reconoce que los campesinos en los países andinos son la misma versión sociológica, antropológica y social de los indígenas originarios y mestizos de toda esta región del sur de América. Partimos de esta consideración porque si bien es cierto que a lo largo de las décadas posteriores a la independencia de la corona española el problema de los indios en América Latina estaba vinculado al problema de la tierra, sin embargo con la evolución de los procesos políticos civiles y militares  los conceptos y definiciones fueron variando y desnaturalizando la condición social de los descendientes de estas razas y culturas históricas nacionales de toda esta región a los cuales tan solo el Derecho Indiano les dio el reconocimiento de propietarios comunales de las tierras de sus ancestros que ellos seguían manteniendo y trabajando y también sufriendo los procesos de violencia y desplazamiento forzoso por la ampliación de la hacienda agroexportadora capitalista que como en el caso del Perú este proceso fue abordado drásticamente desde una perspectiva nacionalista militar por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en la década del 70 del s. XX en la cual frente a la existencia de la oligarquía agroexportadora propietaria de grandes terrenos en el Perú se estableció  mediante  Ley n° 17716 una gran reforma agraria que convirtió al heredero de estos derechos sobre la propiedad de la tierra tanto como de la superficie como del subsuelo a los cuales se les denomino siempre, pueblos indígenas o naciones indígenas y se convirtieron por esta normativa en campesinos propietarios de las parcelas en que fueron divididas mediante esta normativa  la gran propiedad concentrada por la oligarquía agroexportadora en el Perú de tal manera que en base a esta sustitución de la titularidad histórica de las nacionalidades igualmente históricas existentes en el Perú solo se reconoce el convenio 169 de la OIT para aquellos pueblos a quienes se denomina hoy por esa suerte de clasificación antropológica eurocéntrica-norteamericana  segmentada de reconocer a pueblos indígenas minoritarias negando así la existencia actual de las nacionalidades indígenas y mestizas en el Perú a quienes no se quiere reconocer estatal y políticamente el empoderamiento y la propiedad de la tierra en virtud de los cambios aquí citados, por eso la ley de consulta no solo debe estar extendida aquellos pueblos denominados indígenas por virtud de esa clasificación sino a todas y cada una de las poblaciones indígenas mestizas existentes en el Perú y que representan además la herencia histórica de nacionalidades que hacen de ella una pluralidad  presentes a los largo de toda nuestra geografía y a los que ahora se llaman campesinos.

Este es el caso en el cual están inmersos todos los campesinos indistintamente del territorio y propiedad que ocupan como productores y cultivadores condición en la que están también enraizados los campesinos cultivadores de la hoja de coca. Por eso reclamamos la restitución del Estado estadista en el Perú porque la actual Constitución de 1993 ha hecho de esta institución un ente sin ninguna capacidad planificadora del desarrollo estratégico del país y con mayor razón para el sector agrario y los campesinos con tierra y sin tierra ayer llamados, tratados y denominados indios.

C.J.C.-.: Que políticas se están trazando para la negociación de conflictos de las comunidades y productores de la Hoja de Coca.

A.A.G.-  La solución de este problema ha sido reducida a una estrategia militar y policial, el problema del narcotráfico es también un problema económico social. No existe la presencia del Estado en el VRAEM. Por citar lo menos hay una ausencia de desarrollo humano, no existe servicios de infraestructura ni servicios básico, ni servicios de salud ni educativo. El 76.1% de la población del VRAEM se encuentra en situación de pobreza, porcentaje que duplica el promedio nacional. La pobreza extrema alcanza a la mitad 50,1%,  ellos no tienen acceso a ningún servicio básico.

Así mismo existe el problema de no tener el documento nacional de identidad, DNI, al no tener DNI de por sí ya están excluidos y fuera de las estadísticas. Por ello están excluidos de la llamada bonanza económica de que gozan los ciudadanos de la capital debido a una excluyente distribución de la renta a unos salarios marginales y a una flexibilidad laboral tercerizada. El común de ellos no hablan el idioma castellano, aproximadamente el 50% de jóvenes carecen de educación secundaria, hay un alto índice de analfabetismo, las escuelas son unidocentes y multigrados que les limita tener acceso a las oportunidades; lo que es peor sufren la desnutrición crónica y hay una alta tasa de mortalidad.

No hay cultivos ilegales o ilícitos, como se sostiene, lo que existe es una sobreproducción del cultivo como la hoja de coca, por la falta de control de la provisión de insumos y de la comercialización de la hoja para la producción y tráfico ilícito de drogas; la sola presencia de la Empresa Nacional de la Coca – ENACO otorga legitimidad y licitud al cultivo de coca, sin olvidar por cierto  que el narcotráfico mundial mueve alrededor de 900,000 millones de dólares anuales participando de toda la red privada bancaria financiera y especulativa  mundial, de todos los mecanismos financieros y de todos los llamados paraísos fiscales existentes en el planeta, esto muestra sin lugar a equívocos que este gran imperio criminal al lado del terrorismo y el blanqueo de capitales en todas sus modalidades, arrastra con sus miserias financieras y tecnológicas a los pobres de la tierra a los campesinos.

El problema del VRAEM es un problema económico, social, y eso no se soluciona ni con bombas ni con fusiles, menos con helicópteros artillados, se solucionará con inteligencia, con proyectos productivos de generación de ingreso, con desarrollo económico, con proyectos en desarrollo social; resolver la falta de infraestructura y equipamiento de servicios sociales, diversificación de la producción y trasformación la precaria producción agrícola en agroexportadora acordes a las características de la propia geografía diversificando su  producción hacia los mercado nacionales y extranjeros cultivos,  como el plátano, la yuca, la pituca, la papaya, el sachainchi, el barbasco, cacao, café, maní, maíz, ajonjolí, palmito, cítricos, caña de azúcar…, arboles maderables y medicinales, implementar masivamente la acuicultura, la producción y propagación de orquídeas, fortalecer en otro ámbito del desarrollo la producción de artesanía en las comunidades nativas…

En las últimas décadas en el VRAEM, los diversos gobiernos vienen implementado políticas de erradicación con resultados desastrosos, todo los planes de “desarrollo” propuestos han fracasado; la estrategia de interdicción es nula; el gobierno anterior implemento el 2008 la campaña auto titulado “Operación Excelencia 777”, similar que en los años 80 que ha lesionado diversos derechos fundamentales de la persona, según testimonio de campesinos de la zona en pleno s. XXI se han violado los derechos humanos como en décadas pasadas; el actual gobierno también viene cometiendo los mismos errores; las FFAA están desacreditas y deslegitimadas y no conocen las espesuras nublosas del VRAEM.

C.J.C.: Como se explica la política integral en la lucha contra el narcotráfico en la región y que organismos intervienen.

A.A.G.- : Es evidente que a lo largo de estas décadas en la lucha contra el narcotráfico se han diseñado diversas alternativas destinadas a desarrollar una política de erradicación de esta problemática donde esta inmerso el campesino, la siembra de la hoja de coca, el Estado peruano los organismos internacionales y nacionales como la DEA y DEVIDA, y los resultados de estas no han sido los satisfactorios ni los previstos a pesar de existir recursos para la lucha contra este flagelo en la región.

El Perú a partir de ese escenario es uno de los principales productores de la hoja de coca frente al cual debe existir una política integral o llamémosla una estrategia para intervenir en la lucha contra este problema sin embargo se ha encontrado a lo largo de estos años grandes dificultades por un lado la corrupción de los propios organismos del Estado y el insuficiente compromiso de asumir con responsabilidad un proyecto de desarrollo nacional en el que tiene que estar implícito el desarrollo de un plan de seguridad integral en el marco de la democracia y para ello necesariamente tenemos que superar esta etapa de tener un Estado subsidiario y refundar las instituciones públicas del Estado para encaminarlas a un desarrollo integral del país de tal forma que su modelo de crecimiento primario exportador de paso a un modelo de crecimiento industrial tecnológico productivo a fin de poder diversificar el desarrollo del sector agrario y de los campesinos que están implicados en el cultivo y en la sobreproducción de la hoja de coca a fin de estructurar un plan de sustitución alternativo a lo que vienen produciendo eso implica financiamiento público, inversión en tecnología, formación educativa para el desarrollo en el campo e intervención en el mercado nacional y extranjero generando el valor agregado correspondiente a sus productos sustitutorios.

En primer término uno de los factores o ejes del desarrollo debe ser la reactivación de la agricultura, con la creación del Banco Agrícola o Agrario que asigne financiamiento para la inversión productiva a través de préstamos a los agricultores sin intereses, una cumplida asistencia técnica, tecnológica y científica para mejorar la producción y la productividad de la sierra y la selva, desarrollando programas I+D+i que impliquen generar investigación, tecnologías y programas biotecnológicos para el desarrollo y mejoramiento de la producción . Bajar las tarifas del guano e insecticidas.

En segundo término esta la creación del Banco Industrial con la misma filosofía de la inversión financiera productiva destinada al crédito a los micro empresarios con bajo interés; la creación de cooperativas productivas agro industriales, alianzas públicos privadas vinculadas también a este sector.

Precisamos así mismo la creación de empresas regionales en la industria, la tecnología, la extracción y los servicios, para generar empleo y establecer más adelante la estabilidad laboral y salarios dignos.

En tercer término, el Estado tiene que recuperar su papel en la regulación tributaria y fiscal en relación a la inversión privada extranjera estableciendo los estándares homologables internacionales impositivos en un 30% a las sobreganancias en el mismo nivel de Europa, EEUU, BRICS etc. para incrementar nuestras reservas y poder establecer el canon (minero, petrolero, gasífero, telecomunicaciones, hidroeléctrico, autobanda,  ferroviario, aéreo, hidrco, etc..) y su redistribución con equidad y justicia social para la inversión interna y su correspondiente diversificación socioeconómica dentro del marco de la seguridad integral en democracia.

Esto no será posible sin la universalización de las vías de comunicación que comprenden las provincias, distritos, centros poblados y caseríos de donde se han de sacar los productos al puerto o al mercado, esto implica un plan estratégico de inversión pública para el desarrollo de las infraestructuras regionales y locales que permitan interconectar mediante vías de comunicación por carretera, ferroviarias y aéreas diversificando además el sistema de transporte de carga y generando incentivos a los costes tributarios fiscales.

No sólo constituye la urbanización en lo que a infraestructura y saneamiento se atienda a saber; agua y desagüe pistas y veredas.  El desarrollo de una gran ciudad es también la existencia de un mercado y usina (fabrica). Esta es la condición sine qua non del desarrollo humano. Sin lo cual es imposible librar de la pobreza y la miseria a los excluidos que padecen hace siglos y que hasta ahora la república no ha podido resolver este problema.

El factor educacional incluye el desarrollo de un modelo educativo que dentro de un plan nacional responda a las necesidades del desarrollo regional tanto para la educación común y la educación tecnológica de carácter técnico. Las universidades deben contribuir, desarrollando la ciencia y la tecnología en las ramas de la industria, agricultura, la ganadería, la minería, y los servicios innovando sus conocimientos con una visión de conjunto es decir desarrollando sus proyectos dentro del marco de I+D+i en la relación Universidad-Empresa. Esto implica  menos discurso retorico, literario y escolástico como decían Mariátegui y Manuel Vicente Villarán, necesitamos técnicos, mineros, industriales, ingenieros, agrónomos, labradores, comerciantes: productores con sentido social en una economía integral para sacar del sub desarrollo a nuestra región y al país. Por todo ello así concebimos  nuestra posición descentralista y regionalista.

M.L. Como observa Ud. La política de ciudadanía y democracia actualmente en el Perú, con los pueblos andinos y amazónicos

AAG.- A los largo de la historia republicana los pueblos andino y amazónico han estado siempre arrinconados y postergados, su condición social, económica, política y ciudadana no figuraba ni en el papel tanto así que el derecho al voto de los indios y los analfabetos tardó varias décadas hasta que estas se instituyeran en la penúltima constitución del Perú del año 1979. En el caso de la región de Ayacucho y en lo que se refiere al VRAEM la política de ciudadanía se fue desarrollando a lo largo de la gran movilización de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas que tuvieron marcadas etapas de su evolución a partir de los años cincuenta del s. XX donde la reivindicación de sus derechos generaron diversas manifestaciones organizativas y políticas entre los cuales destacan las movilizaciones siguientes de los años 60, la creación de los frentes de defensa hasta el ascenso de las formas más violentas que se confrontaron con el Estado llegando a niveles de violencia que marcaron época durante la década del 80 al 90 del siglo pasado con la guerra interna y el terrorismo de organizaciones armadas enfrentadas al Estado las cuales sucumbieron a la derrota militar y política con el ascenso del gobierno de Fujimori.

La nueva Constitución de 1993 surgida de las esferas de la dictadura cívico-militar no han propiciado el empoderamiento y el reconocimiento histórico y cívico de las naciones históricas y culturales andinas y amazónicas de nuestro país con lo cual la cuestión del empoderamiento representativo en las instituciones del Estado y del Parlamento (no existiendo la circunscripción electoral por ejemplo de las nacionalidades andinas, amazónicas y afrodescendientes)  no se han visto reflejadas en ningún espacio, esta postergación que hasta el día de hoy continua producto de que el Estado actual esta constitucionalmente exonerado de la intervención en las decisiones como Estado-Nación, debido a su papel subsidiario en la intervención de la cosa pública, asi establecido en el artículo 60 de la actual Constitución.

Este escenario viene condicionando la actuación de los gobiernos desde el año 2000 en el que se dio la caída del gobierno fujimorista y la transición inconclusa de la democracia y la alternancia política de los últimos gobiernos como el de Paniagua, Toledo y Alan García, los mismos que han continuado con el modelo y el actual  sistema de instituciones, configurando sin lugar a dudas la continuidad en una suerte de neo-fujimontesinismo al que han llamado operativamente el funcionamiento del “piloto automático”, el mismo que viene siendo gestionado y administrado por el actual presidente Ollanta Humala que no ha alterado ni reformado en absoluto el sistema y continua con el mismo modelo económico y político conviviendo  con una alta temperatura de conflictos sociales vinculados a los propios ejes del sector primario-exportador, minería, gas y petróleo.

Desde la perspectiva que venimos observando la cuestión de los pueblos andinos y amazónicos pasa necesariamente por su reconocimiento como nacionalidades históricas empoderadas no solamente en el perdón histórico por la dominación sino además por el reconocimiento histórico-cívico de  sus derechos comunales sobre la tierra a partir del cual la cuestión de la ciudadanía estará representada en todos los órganos del poder del Estado de sus regiones y localidades con lo cual la propia institucionalidad democrática y constitucional tendría que reflejarse en un Estado plurinacional. Actualmente el convenio 169 de la OIT y los diversos convenios establecidos a nivel universal y continental amparan en gran medida estos derechos como es el caso del Perú como país andino en el cual encontramos relaciones históricas, culturales e idiosincráticas con países que han sido parte de un solo territorio (Ecuador y Bolivia), pero la toma de decisiones corresponde a la actuación de nuestro pueblo para responder a estas cuestiones de estado, de nada vale hablar de empoderamiento y ciudadanía si ella no esta reconocida  en un estado de derecho, por eso en este periodo el empoderamiento innovador de los pueblos del Perú y de todas sus formas organizativas no estarán concentradas en las incidencias de los acontecimiento políticos del centralismo de Lima sino en el empoderamiento y movilización social desde el interior de las regiones que rodean a la capital del Norte, Centro, Sur y Oriente del país.

Por otro lado instamos al pueblo a iniciar la lucha indesmayable contra la corrupción que ha socavado las mismas bases de la moral y la dignidad ayacuchanas, sin desterrar esta lacra social no será posible el desarrollo de nuestra región y del Perú donde hoy por una voluntad política y la presión social salen a la luz los destapes más escandalosos como los narco-indultos de Alan García y el probable lavado de activos de Alejandro Toledo entre Costa Rica y Perú. Sin embargo en este último por virtud de una alianza política entre Ollanta-Toledo en el parlamento han blindado para impedir cualquier investigación al expresidente Toledo para llevarlo a una Comisión de investigación en el Congreso.

Es indispensable por otro lado que un político que tenga antecedentes judiciales o procesos judiciales pendientes por lavado y/o blanqueo sea prohibido de postular al gobierno, porque esto constituye un gran peligro para la moral de la región, además de ello cualquier candidato debe ser sometido a una auditoria publica por razones de estado, del origen de su capacidad y poder económico. Porque en verdad nos enfrentamos a un poder negro y oscuro del narcotráfico mimetizado en la narco-política dentro del cual mueven sus tentáculos en las diversas esferas del poder del Estado.

Finalmente es menester pensar en un cambio de la estructura económica y política por la vía democrática constitucional en la medida en que el modelo neoliberal no ha permitido hasta ahora resolver el problema de la pobreza ni la exclusión social. Es urgente establecer una política económica social de mercado donde existan empresas estatales y privadas para generar mayor empleo y bienestar común, como lo demuestra últimamente Japón, China y el nuevo bloque emergente del BRICS ante la crisis mundial del capital financiero especulativo en Europa y en los EEUU.

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