Espana: El privilegio de los que tenemos papeles

25 junio, 2013

Imagen-Espana: El privilegio de los que tenemos papeles

España ha decretado la desigualdad en un derecho fundamental: la sanidad. Los inmigrantes sin papeles tienen restringido su acceso. Y eso a pesar de que se sufraga con impuestos como el IVA, que pagamos todos, con o sin papeles.

Te llamas Josefa. Naciste en Soria, creciste en Málaga –cosas de la vida– y ahora vives en Castellón. Te has quedado sin trabajo. Un día vas en el autobús y sientes un mareo muy fuerte… Te preocupas. A la semana y media, otra vez.

Decides ir a tu médico de cabecera. Te manda unas pruebas y resulta que eres diabética. Vaya por Dios. El Estado te paga la mayoría del tratamiento y te hace el seguimiento, porque la enfermedad va cambiando: primero pastillas, luego inyecciones… En fin, engorroso pero controlado.

Llamas a tus hijos, que ya están creciditos, para pedirles que se hagan las pruebas también, por quedarte tranquila. A uno de ellos le sale el azúcar alto; hay que cuidarse.

Ahora te llamas Loveth. Naciste en Nigeria y hace tiempo que no le explicas tu vida a un español. Para qué. Total, que vives en Castellón desde hace dos años. Limpias por horas en un par de casas de familias muy amables contigo. Un día vas en el autobús y sientes un mareo muy fuerte… Te preocupas. A la semana y media, otra vez.

Decides ir al médico. No te dan cita porque no tienes papeles y el Estado no ofrece asistencia sanitaria a quien no los tenga. Te dicen que solo puedes acudir en caso de urgencia, así que vas a Urgencias del hospital. El personal que te recibe te dice que marearse un par de veces hace días no es urgente. Que si quieres que te hagan pruebas en el hospital te las van a tener que cobrar. Preguntas cuánto. Piensas en tus hijos. Es fin de mes. Decides dejarlo estar. Sales del hospital sofocada, entras en el bar de enfrente y pides un refresco. Piensas un rato en que no sabes qué te pasa. En tus hijos. En la casa que tienes que ir a limpiar en media hora. Sacas unas monedas mientras te levantas del taburete y las pones sobre la barra del bar. Pagas tu refresco. IVA incluido.

Este doble ejemplo de ficción compone un retrato real: el del privilegio de una mayoría de habitantes de España sobre una minoría, los inmigrantes sin papeles, a los que España ha dejado sin cobertura sanitaria en 2012. Es una recreación no demasiado dramática. Porque para casos dramáticos ya están los reales.

Como el de Alpha Pam, ciudadano senegalés de 28 años que ha muerto de tuberculosis en España. De tuberculosis en España. No ha fallecido escondido, invisible, marginal bajo los plásticos de algún invernadero y sin haber tenido contacto con el sistema sanitario, no; ha fallecido después de acudir con síntomas de esta enfermedad hasta en siete ocasiones a centros de salud en Baleares. La última vez, ya bastante enfermo, consigue tras mucho protestar que le atiendan en urgencias del Hospital de Inca, pero no se considera su estado como algo urgente, por lo que le revisan en cinco minutos, le dan unas recetas de medicamentos genéricos (que tendrá que pagar él), no le hacen ninguna prueba diagnóstica y le generan un “compromiso de pago”, una factura, por haber usado el sistema de salud sin tener papeles. Once días después, el 24 de abril, Alpha Pam muere en su casa de una enfermedad muy contagiosa, casi erradicada en España, medio año después de haber ido por primera vez a un médico.

El decreto aprobado por el Gobierno de 2012 deja sin médico a las personas que no tengan permiso de residencia. Si no eres un niño o una mujer embarazada, el sistema público de salud solo te atiende si requieres de una intervención urgente. Nada de prevención, nada de pruebas diagnósticas, nada de tratamiento, nada de recuperación.

Mejor con un ejemplo absurdo, pero real: si te partes una pierna, el hospital te pone la escayola en Urgencias. Sí, pero no te la quita, porque eso ya es seguimiento y no está cubierto para los sin papeles. Te la quitas como puedas.

El caso de Alpha Pam demuestra que la atención en urgencias se queda corta para prevenir epidemias y otros problemas de salud pública colectiva, e insuficiente para evitar la muerte. Los enfermos de sida, diabetes, tuberculosis, con depresión, esquizofrenia, cáncer y un largo etcétera de patologías que requieren diagnóstico temprano y tratamiento no pueden acudir a la sanidad pública para hacerse pruebas, ni para que les paguen parte de los medicamentos que toman durante años, ni siquiera para recibir cuidados paliativos si la cosa se pone fea de verdad. Eso queda para el privilegio de los que tenemos papeles.

En Médicos del Mundo llevan desde la aprobación del decreto documentando el efecto de su aplicación sobre la vida de las personas y asesorando a los afectados. Y denuncian que la confusión mediática, el exceso de celo en algunos hospitales y el miedo están incluso empeorando una situación de partida ya de por sí injusta. Todo eso se explica bien con el caso de Mihaela (nombre ficticio para una mujer real).

Mihaela vino a España desde Rumanía siguiendo a su marido, que trabaja en una granja de vacas en un pueblo de Galicia; es europea, pero no tiene permiso de residencia. Cosas de ser de Rumanía. Oyó en televisión que los inmigrantes no podían ir al médico, que tendrían que pagar, que serían identificados como “irregulares”. Este miedo a acercarse a ningún centro sanitario le hizo aguantar dolores insoportables en el pecho, hasta que un día una amiga le descubrió una infección grave y la llevó al Hospital Universitario de Santiago de Compostela, donde fue operada inmediatamente. La atención de urgencia que recoge el nuevo decreto incluye todo lo necesario “hasta la situación de alta médica”, pero la administración del hospital le hizo una factura de 1.551,32 euros por la intervención. Ahora Mihaela, con ayuda de Médicos del Mundo, ha recurrido esa factura, que la pone ante el abismo de ser oficialmente morosa de un país que no la reconoce como ciudadana.

Volvamos a eso de “hasta la situación de alta médica”, porque no incluye la rehabilitación. A María Concepción Amaya, hondureña sin papeles que cuidaba ancianas en España, la operaron en Valencia tras un repentino accidente cerebral. Le abrieron la cabeza para poder llegar a la zona del daño y la volvieron a intervenir cuatro días después. Tras eso, tocaba derivarla a un centro de rehabilitación antes de recolocarle el hueso que le habían quitado. Pero María no tiene papeles… y no tiene derecho a que le den cita. La mandaron a su casa con un agujero sobre el que solo había una capa de piel y pelo. Que sí.

Otra situación habitual que deja desprotegida a gente vulnerable: Martha, emigrante uruguaya con nacionalidad española, se trajo en 2006 a su madre a vivir con ella a Gran Canaria, donde trabaja. Poco después de la aprobación del decreto, la madre de Martha se fractura el fémur en una caída. Llaman a una ambulancia, la trasladan al hospital, donde la operan y le colocan una prótesis. ¿Tiene tarjeta sanitaria la madre? Ya no. ¿Cubre la tarjeta sanitaria de la hija la asistencia de la madre? No. Factura.

Como Loveth en la ficción y como Alpha Pam, Mihaela y María Concepción en la realidad, los inmigrantes consumen. Y la sanidad no se financia con las cotizaciones sociales que salen cada mes de las nóminas de los que tenemos papeles y trabajamos, no; el dinero que se destina para sanidad pública y subvención de medicamentos sale íntegramente de los impuestos como el IVA, que todos, tengamos papeles o no, pagamos. Para que nos entendamos: están pagando impuestos que nos financian servicios a los que les cerramos las puertas.

Desobedientes

El movimiento contra los desahucios ha convertido en legítimo el delito de desobedecer a la autoridad que intenta abrir camino para que un secretario judicial desaloje de su casa a una persona. Es un método con licencia abierta, que invita a copia.

Una marea blanca de personal sanitario ha decidido que su juramento hipocrático está por encima de la ley y se han organizado alrededor de plataformas como Yo Sí, Sanidad Universal, que da información y asesoría a miles de médicos que incumplen el decreto y se buscan los resquicios legales para atender en sus consultas a inmigrantes sin papeles y procurarles pruebas y medicamentos con ayuda de las ONG.

Entre el personal sanitario, dicen desde Yo Sí…, hay “muchísima confusión” y la atención a enfermos llega a ser arbitraria. “No ha habido cursos generalizados, ni talleres, ni formación de ningún tipo para los empleados de los sistemas de salud” sobre los cambios recogidos en el decreto, cuentan. Los servicios de urgencia se taponan ahora más que nunca y la recepción, aún más saturada y burocratizada, es de peor calidad.

Hay también algo de rebeldía política y hay comunidades autónomas donde no se está aplicando el decreto: Andalucía, País Vasco, Asturias o Navarra. En otras, como Galicia, se están buscando fórmulas para rodearlo sin incumplirlo.

El sistema implica “una ruptura de la equidad”,  afirman los médicos desobedientes, que viene a aumentar la brecha que suponen medidas como el copago, la retirada de determinados medicamentos de la financiación pública o el recorte en el transporte en ambulancia en zonas rurales. Su lectura política va más allá: “No se invierte menos en sanidad, sino que el gasto de lo que supone mantener a la gente sana se está trasladando a los hogares vulnerables” para “priorizar el pago de la deuda” comprometido con la reforma de la Constitución pactada por PP y PSOE en 2011.

El cierre del círculo de la paradoja de los no-ciudadanos que pueden ser morosos… es que también pueden ser clientes. Las principales aseguradoras privadas se frotaron un par de veces las manos –antes de darse cuenta de que los inmigrantes sin recursos, efectivamente, no tienen recursos– y lanzaron una campaña para vender cobertura médica privada a personas rechazadas por el nuevo decreto.

Con las personas más vulnerables del sistema cubiertas con seguro privado, el horizonte está claro: un estudio publicado en 2009 por varios investigadores de las facultades de Medicina y Derecho de Harvard calcula que el 60% de los casos de bancarrota familiar en Estados Unidos está relacionado con una enfermedad imprevista. El coste de hacer frente a operaciones o tratamientos arruinó las arcas domésticas.

Se podrían desglosar datos que desmienten que la sanidad pública en España sea insostenible o más cara que en otros países; que demuestran que la población inmigrante, sobre todo la que vive de manera irregular, no consume servicios públicos porque se siente fuera del sistema, nos tiene miedo; que la excusa del “turismo sanitario” no se sostiene. Pero volveríamos a un marco lógico tramposo, por el cual solo son respetables aquellos derechos humanos que no nos salgan muy caros.

Los inmigrantes sin papeles son personas que llevan, en algunos casos, años viviendo en España. Su desigualdad empieza mucho antes de poner un pie en tierra española pero no mejora después. En cuanto son interceptados en una patera o en una calle, les entregan una orden de expulsión por la cual el Estado les dice: vete a tu país por tus propios medios. Eso, después de ocho años de viaje por el desierto, sin dinero o simplemente por dignidad, no sucede así como así. Si le pillan una segunda vez, esa persona, sin haber cometido ningún delito más que entrar en España sin papeles, es ingresada en una cárcel para inmigrantes que se llama Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Los CIE los mantienen en régimen carcelario hasta dos meses. Hasta 60 días de prisión mientras miran quiénes son y si los pueden repatriar. Según datos oficiales, después de someterles a esa experiencia de encierro traumático, el Estado no es capaz de devolver a su país ni a la mitad. Entonces se les deja en la calle de nuevo con la orden de que salgan de España.

Paralelamente a todo esto se ha iniciado una cuenta atrás: si son capaces de esquivar a la policía durante tres años, si son capaces de vivir entre nosotros sin hacerse notar, sin molestar a nadie, si aguantan el miedo, si se ganan la vida al margen de todo, tendrán posibilidades de solicitar un “certificado de arraigo social”, que puede ser un primer paso, combinado con algún improbable contrato de trabajo, de obtener un permiso de residencia. De tener papeles. Durante esos tres años, no existes para la Sanidad, pero los ayuntamientos te meten en el censo, que va ligado a la recepción de fondos públicos según población.

Te llamas Loveth. Eres pero no eres. Vete, pero quédate y limpia. Consume, cuida, paga IVA, pero no se te ocurra enfermar. Juan Luis Sánchez

Fuente: eldiario.es

 

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