Peru: ¿El régimen laboral juvenil enfrenta la informalidad, el desempleo y la desaceleración?

23 diciembre, 2014

 

Por: Omar Cavero

Cuatro argumentos económicos contra el régimen laboral juvenil

Ha crecido mucho la oposición al régimen laboral juvenil (Ley 30288). Como es sabido, se trata de un régimen especial para jóvenes que ha planteado el Ejecutivo en el marco de un conjunto mayor de medidas de reactivación económica.

El régimen es voluntario y aplica para jóvenes de entre 18 y 24 años que entren por primera vez a planilla o que estén desocupados (por lo menos 90 días fuera de planilla). Quienes adopten este régimen tendrán solo 15 días de vacaciones al año, no tendrán Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) ni gratificaciones, y deberán ser contratados por un plazo mínimo de 1 año por el empleador.

Asimismo, a modo de incentivo, quienes adopten el régimen podrán deducir un porcentaje de Impuesto a la Renta en capacitaciones (máximo 2% del equivalente de la planilla) y en el caso de las Micro y pequeñas empresas (Mypes) “el Estado asumirá el costo correspondiente al primer año de cotización del seguro social de los jóvenes que ingresen por primera vez a planilla electrónica” (Art. 21).

Los argumentos del Ejecutivo

Son tres los argumentos centrales del Ejecutivo para impulsar esta medida, que se pueden distinguir del propio proyecto de ley y sus participaciones públicas.

El primero es que se incentivará el empleo formal entre jóvenes, pues se considera que la informalidad es un problema de sobrecostos laborales y al rebajarlos aumentará la formalidad.

El segundo es que los jóvenes, al ser la población con mayor desempleo, se verían beneficiados pues habría más puestos de empleo para ellos, dados los incentivos ofrecidos al empleador.

El tercero es que se reactivará la economía a partir de aumentar la formalidad y el ingreso de los jóvenes a la fuerza de trabajo ocupada.

Los argumentos son de corte económico. Eso no es casualidad, pues es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quien ha elaborado la norma y ésta se plantea desde el problema de la reactivación económica.

Por ello mi impresión es que, aun siendo absolutamente válidos los argumentos jurídicos -que con justeza apuntan al carácter inconstitucional de la norma (discrimina a los jóvenes) y al carácter lesivo a los derechos laborales-, han sido pocos los argumentos dados desde un razonamiento económico para refutar esta ley.

Por tal motivo sugiero tres argumentos para enfrentar este debate. Como se verá, el trasfondo excede al problema juvenil y apunta a una visión de la economía centrada exclusivamente en el punto de vista del empresariado. Son tres argumentos que no pretenden ser todos los posibles. Los dejo sobre la mesa como aporte a la lucha por la derogatoria de esta ley.

1. ¿Se enfrentará la informalidad haciendo más baratos a los trabajadores?

El problema de la informalidad no radica en la existencia de sobrecostos laborales, sino en la escasa demanda de empleo y sus desencuentros cuantitativos y cualitativos con la oferta de trabajo. Mucha gente para pocos puestos y requerimientos de perfiles que no tenemos.

Desde inicios de los noventa los derechos laborales se han venido perdiendo so pretexto de flexibilizar el mercado de trabajo; no obstante, hoy, casi veinticinco años después y tras más de una década de crecimiento constante (desde el 2001, sobre todo), la informalidad laboral es de 74.3% (INEI, 2014)[1]. En los noventa (1997), ésta bordeaba el 77% (Morales y otros, 2010)[2]. No hay evidencia, entonces, de que esa estrategia funcione.

El problema no es de falta de incentivos a la formalización; y aun si lo fuera, la formalización no se reduce al costo laboral, que ya es bajo. El problema es estructural. En el Perú de hoy 48 de cada 100 jefes de hogar son trabajadores independientes (ENAHO, 2013), es decir, que se inventan su empleo; 97% de las empresas son de menos de 11 trabajadores (Mypes), emplean al 76.1% de los ocupados y tienen un corto tiempo de vida; y menos de la mitad de los trabajadores es asalariado.

A ello se suma que los sectores que más ganan (minería, hidrocarburos, finanzas, electricidad y agua) son los que menos emplean (2.5% de la PEA) y que aun donde el empleo es formal –dada la flexibilidad laboral- existe también precariedad laboral: poca estabilidad (72% de asalariados privados tienen contratos a plazo fijo) e ingresos reales bajos (un obrero en Lima hoy tiene un salario real 203.8% menor al que tenía en 1980).

Si se quiere formalizar, las medidas deben ir dirigidas a promover la asociación de Mypes, a dar facilidades crediticias a estas empresas, a capacitar a los trabajadores, a desarrollar incentivos para que se desarrollen sectores más empleadores, como agro y manufactura, etc. Es mentira que se logrará formalidad con trabajadores (más) baratos y sin derechos, y persistiendo en un patrón de crecimiento como el que tenemos.

2. ¿Deberíamos esperar que este régimen tenga algún efecto en la reactivación?

Se busca reactivar la economía promoviendo la inversión privada, pero no se plantea qué tipo de inversión privada se quiere promover. Es necesario que toda política pública tenga claro a quiénes van dirigidas las estructuras de incentivos que diseña y qué se quiere lograr con las medidas tomadas. Incentivar la inversión a secas es fortalecer a quienes ya priman y que en más de dos décadas no han generado empleo de calidad ni verdadero bienestar.

Si lo vemos en términos sencillos, enfrentar la desaceleración requiere que se aumenten la producción y el consumo. Al golpear los derechos de los trabajadores jóvenes no se tendrá ese efecto. Al no ser la informalidad un problema de trabajadores caros, disminuir sus derechos solo tendrá como efecto aumentar el nivel de ganancia neta de las empresas que adopten el régimen laboral juvenil.

No hará que los trabajadores sean más productivos y no aumentará el consumo en la población. Es así pues, en primer lugar, la productividad no radica en el costo de la fuerza de trabajo sino en la producción; y, en segundo lugar, porque un régimen más flexible, sin vacaciones completas, gratificaciones, ni CTS, no tendría por qué tener un impacto positivo en el consumo, sino todo lo contrario.

3. ¿Deberíamos esperar que se genere empleo formal nuevo?

No tiene por qué esperarse que el régimen laboral juvenil tenga un efecto relevante en generar empleo nuevo entre los jóvenes y en formalizar el empleo entre aquellos hoy informales.

En primer lugar, difícilmente se desarrollarán nuevas inversiones producto de este régimen.

En segundo lugar, es muy probable que el nuevo régimen afecte sobre todo a los trabajadores que ya se desempeñan en la formalidad y a aquellos que están por ingresar al mercado de trabajo.

También es de esperar que el régimen incentive el reemplazo de trabajadores de mayor edad por trabajadores jóvenes, e incluso que se desarrolle un fenómeno de recontratación bajo el nuevo régimen, aún a pesar del candado que pone la ley, pues existen grandes limitaciones en la fiscalización laboral.

4. ¿Es esa la forma de apoyar a uno de los sectores más vulnerables del mercado de trabajo?

Los jóvenes son uno de los sectores más vulnerables en el mercado de trabajo. El grueso de la evidencia económica sostiene esta afirmación. Son quienes tienen las tasas más altas de desempleo, la menor estabilidad y los ingresos reales más bajos. Si el gobierno busca ayudar a este sector de los trabajadores no lo logrará aumentando esa vulnerabilidad al promover un régimen en el que los jóvenes ingresarán al mercado laboral con derechos aún más recortados que los demás trabajadores, que ya han visto en las últimas dos décadas recortes radicales de sus derechos.

Conclusión

Queda claro que no se busca reactivar la economía para que ésta repercuta en desarrollo y bienestar para los peruanos. Lo que se busca es aprovechar la desaceleración del PBI para imponer la agenda de las grandes empresas de la forma más radical. Los paquetes de reactivación han sido pensados exclusivamente desde esos intereses: mayor permisividad ambiental, mayores beneficios tributarios y menores derechos laborales.

El mensaje de fondo de estos paquetes es que persistiendo en fortalecer un modelo económico desigualador, dependiente de precios internacionales y generador de conflictividad social, se podrán superar los problemas que ese modelo genera. ¿La forma de anticiparnos a una crisis es acaso persistiendo en los defectos que la generan?, ¿uno se curará de una infección intoxicándose más? No nos dejemos engañar.

[1] Cuenta Satélite del Sector Informal, elaborada por el INEI, 2014. El INEI utiliza como año base el 2007 y encuentra que el 2012 el 85% de las unidades productivas del área urbana son informales y el empleo informal en el país es de 74.3%. El sector informal fue definido como “el conjunto de unidades que producen bienes y servicios en pequeña escala, no llevan contabilidad, sus gastos productivos no se distinguen de sus gastos familiares, tienen una organización rudimentaria y no están registradas en la administración tributaria”. El empleo informal, a su vez, es definido como “aquellos trabajadores que no gozan de protección social, pre aviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas, licencias pagadas por enfermedad, no cuentan con pensión de jubilación”.

[2] Morales, R., Rodríguez, J., Higa, M. y Montes, R. (2010). Transiciones laborales, reformas estructurales y vulnerabilidad laboral en el Perú (1998-2008). Documento de Economía N°281. Lima: Departamento de Economía, PUCP.

Fuente: ecuadorlibrered.tk

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